sábado, 28 de junio de 2008

INFORME LIBERAD DE EXPRESION CHILE 2005

6.- BALANCE 2005: CLAUSURAN 17 RADIOS COMUNITARIAS BAJO FIGURA DE “ILEGALES”

Producto de una campaña radial auspiciada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) para denunciar ante la justicia a las radios llamadas ilegales, 17 estaciones fueron allanadas y requisados sus equipos por parte de la sección de Crimen Organizado, OS-9, de Carabineros (policía uniformada chilena)
Para el presidente de los radialistas comunitarios, Alberto Cancino, la existencia de estas emisoras sólo demuestra la desigual distribución del espectro radioeléctrico, lo que reafirma la necesidad de una ley específica sobre radiodifusión comunitaria.

Ante a la imposibilidad de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de fiscalizar a las 1.847 radios concesionadas en Chile (entre AM, FM, comunitarias y onda corta), la Archi optó por un camino distinto para hacer frente a las radios comunitarias que operan de forma ilegal: denunciar a la fiscalía la clandestinidad en la que funcionan estas emisoras, aprovechando la nueva Reforma Procesal Penal más rápida y eficiente en la tramitación de los procesos.
Esta actitud, sumada a la campaña radial que auspició la Archi desde septiembre hasta diciembre pasado, dio sus primeros resultados: 17 radios ilegales fueron desmanteladas, algunas de ellas sólo con la presencia del fiscal en el lugar, quien ordenó el cierre y la confiscación de equipos, en tanto otras enfrentaron la fuerza policial, como ocurrió el martes 6 de diciembre de 2005 en un operativo simultáneo en seis puntos de la capital chilena.

a.“Martes Negro”Provistos de 2 tanquetas y 2 micros de Carabineros, con más de 40 efectivos policiales de la Brigada OS-9, el fiscal del Ministerio Público de Santiago Poniente se apersonó en la comuna de Maipú para proceder al desmantelamiento de radio comunitaria Maipú 104.5 FM, según denunciaron a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich) los radialistas afectados, cuestionando el empleo desmedido de la fuerza policial.
Mientras el presidente de la ARCHI, Luis Pardo, en conversación con IPYS evaluó positivamente los resultados de esta campaña pues “se logró un efecto comunicacional importante, de manera que la ciudadanía reconozca y denuncie a este tipo de radios”, los radialistas comunitarios calificaron el hecho como el regreso de los “martes negros” en que el gremio radiodifusor busca silenciar las experiencias comunitarias a través de la acción de la justicia.
Si bien el máximo dirigente de la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, Alberto Cancino, reconoce que estas radios no están autorizadas para funcionar y tampoco son parte de la Anarcich, asegura que sí tienen el derecho a expresarse libremente bajo cualquier medio o forma como lo establece la Constitución.

b.Voces sin ley
Para el titular de la Anarcich, que agrupa a 200 emisoras ciudadanas de todo el país, el problema no pasa sólo por estar al margen de la ley y dañar a las radios establecidas, sino que esto refleja el problema de la radiodifusión comunitaria.
“Si existen radios transmitiendo fuera de la normativa vigente, quiere decir que la administración del espacio radioeléctrico, ‘patrimonio de todos los chilenos’, no está garantizando el acceso equitativo de todos los sectores sociales a la frecuencia radial, a fin de promover el más amplio pluralismo informativo”, señala la declaración pública de la Anarcich publicada el mismo 6 de diciembre, día en que se allanaron seis emisoras de mínima cobertura.

Actualmente las radios comunitarias concesionadas están regidas por la Ley General de Telecomunicaciones de 1982, subcategoría Radiodifusión de Mínima Cobertura, que establece que su transmisión no puede sobrepasar un watt de potencia, la antena sólo debe estar a 6 metros de altura, tienen concesión por tres años y sólo pueden perseguir finalidades culturales o comunitarias, razón por la que se prohíbe el avisaje publicitario. Esta restrictiva ley en la que operan las radioemisoras ciudadanas ha hecho mella en los propios radialistas, quienes ante las dificultades de la Subtel para fiscalizar optan por transgredir las normas, tanto en lo técnico como en la utilización de subterfugios para autofinanciarse.
Desde esta misma perspectiva, el presidente de la Archi, Luis Pardo, si bien valora el rol social que cumplen las radios de mínima cobertura, dijo a IPYS que “el problema con las radios de mínima cobertura es que producen los mismos problemas que la radios ilegales. Está mal postular a una concesión de radio comunitaria con la intención oculta de que a menor costo puedan transformarse con igual o mayor potencia en una señal con las mismas características que la radiodifusión privada”.

c.La tarea del nuevo gobierno
Mientras la Archi aún no ha decidido querellarse contra las radios ilegales clausuradas, pues está a la espera de que la fiscalía verifique las denuncias y los medios de prueba presentados, los radialistas comunitarios tienen los ojos puestos en el nuevo gobierno de la recién asumida Presidenta Michelle Bachelet.
Hay un compromiso establecido con el comando de la entonces candidata presidencial de enviar al Congreso un proyecto de ley específicamente sobre radiodifusión comunitaria, que se desmarque de la Ley General de Telecomunicaciones de 1982.
Aun cuando la Archi tiene voluntad para dialogar como ha declarado en reiteradas ocasiones, el titular de la Asociación, Luis Pardo, prefiere no hablar de una nueva normativa. “La situación pasa por aplicar la ley más que legislar. Se deben mejorar algunos aspectos de las radios de mínima cobertura, con la intención de que realmente se cumplan”, señaló a IPYS.
En tanto, el presidente de la Anarcich, Alberto Cancino, apuesta a que “el desafío de este gobierno es democratizar las comunicaciones hacia la ciudadanía, abrir caminos de expresión, abrir los concursos públicos y parar el monopolio comercial que postula y obtiene más concesiones a lo largo del país”.